Políticas públicas ante el COVID-19 en Escandinavia: un experimento real

Por Andreas M. Hartmann
Artículo de divulgación

Frente a la amenaza global que constituye la pandemia del COVID-19 es importante basar las políticas públicas en evidencias científicas contundentes. Sin embargo, la epidemiología, la que en principio podría proporcionar tales evidencias, trata de fenómenos complejos, cambiantes y sujetos a muchas influencias contextuales, donde no siempre es posible demostrar causalidades. En el fondo, es una limitante con la que los científicos sociales tenemos que vivir, ya que existen razones éticas para no realizar experimentos con sociedades enteras o grupos de personas, considerando el costo potencial en felicidad, salud y hasta vidas humanas que tales experimentos podrían causar.

Un experimento social

Una excepción a esas limitaciones de principio son los llamados “experimentos reales”, es decir aquellos sucesos que se dan en el ámbito social y económico donde se cumplen (o casi) las condiciones de un experimento riguroso: estados iniciales idénticos entre el grupo de tratamiento y el de control, simultaneidad de la intervención o no de un suceso y resultados diferentes entre los dos (o más) grupos considerados. Los científicos no intervienen, solo recaban los datos y los interpretan a la luz de los conceptos teóricos aplicables. Como resultado del ejercicio, puede obtenerse una respuesta a una pregunta de investigación.

Los experimentos reales son aquellos sucesos que se dan en el ámbito social y económico donde se cumplen las condiciones de un experimento riguroso

A mediados del año 2020 existe un debate público sobre la pregunta de qué tan restrictivas o liberales deberían ser las políticas públicas para hacer frente a la pandemia del COVID-19. Sin embargo, existe una evidencia clara para demostrar cuál es el camino adecuado, la cual ha sido generada por las políticas públicas implementadas en los países escandinavos.

Para facilitar el análisis, aquí nos centramos en Dinamarca (DK) y Suecia (SE). Ambos países tienen muy altos niveles de PIB per cápita (DK: $59,830.2; SE: $55,814.5, PPA para 2019), altos niveles de educación (escolaridad esperada de 19.1 años para DK y de 18.8 años para SE) y el mismo porcentaje de población urbana (88%), para no citar más que los datos básicos más relevantes que podrían incidir en la propagación y letalidad del COVID-19.

Además, ambos países cuentan con sistemas de salud muy robustos comparado con otros países, donde Suecia aventaja ligeramente a Dinamarca en expectativa de vida (80.8 años para DK y 82.7 años para SE), en números de doctores y enfermeros por cada mil personas así como en gastos en salud (€3,695 por persona en 2017 en DK vs. €3,872 en SE). Con ello, hemos establecido que las condiciones antes del evento fueron casi iguales en todos los aspectos relevantes.

Cuando el COVID-19 comenzó a hacer estragos en varios países europeos, los dos países escandinavos tomaron caminos muy diferentes. Dinamarca rápidamente implementó una política estricta para frenar la propagación del virus. El 11 de marzo 2020, el gobierno decretó el cierre de escuelas y universidades y mandó a los servidores públicos a sus casas, en la medida de lo posible. El 13 de marzo 2020, cerraron las fronteras para no ciudadanos. Solo comenzaron a relajar esas restricciones en mayo 2020. El gobierno ofreció que cualquier persona que lo deseara pudiera hacerse una prueba del COVID-19 gratuitamente (como lo es todo el servicio médico en Dinamarca).

En contraste, aún en marzo 2020, el gobierno sueco solo prohibió los eventos con más de 50 personas y recomendaba mantener una distancia entre personas sin exigir el porte de mascarillas, mientras que seguían funcionando igual que antes las escuelas, tiendas y restaurantes, excepto para los grupos de riesgo. Tampoco se inició ningún programa masivo de pruebas virológicas. La idea era no imponer más que un mínimo de restricciones para la vida pública y económica. Así se llegaría rápidamente a la llamada “inmunidad de rebaño”, es decir un porcentaje alto de personas que por haber superado la infección (con o sin síntomas), contarían con anticuerpos específicos, con lo que se interrumpirían las cadenas de transmisión del virus.

Suecia siguió una política basada en recomendaciones de cumplimiento voluntario, mientras que Dinamarca aplicó medidas de confinamiento

Las diferencias numéricas

Para el 29 de abril 2020, ya se veían claramente los resultados diferenciales de las políticas públicas: Dinamarca reportó 9,049 casos y 427 decesos por COVID-19 para su población de 5.8 millones, mientras que Suecia contó 18,926 casos y 2,274 decesos para su población de 10.3 millones. Los decesos por cada millón de habitantes en Suecia (220.1) fueron 3.00 veces los que hubo en Dinamarca (73.3). Aun así, las autoridades suecas pensaban que era muy temprano para decir si su política había funcionado o no.

Dos meses después, al 30 de junio 2020, la brecha se había ensanchado a casi 5 veces (4.95), con 605 decesos en Dinamarca (103.9 por millón) contra 5,310 en Suecia (514.2 por millón). Los números referidos provienen de la Universidad Johns Hopkins y se basan en reportes oficiales, es decir que son los que mejor permiten una comparabilidad a nivel internacional. Además, ante la ausencia de pruebas sistemáticas, los números de decesos parecen más confiables que las estimaciones sobre contagios en las poblaciones respectivas. Sin embargo, los resultados son contundentes. Incluso podría afirmarse que de haber aplicado una política sanitaria como en Dinamarca, para finales de junio 2020 el gobierno sueco probablemente hubiera podido evitar la muerte prematura de más de 4,000 personas, aunque no es posible estimar el margen de error que invariablemente habría que considerar en este tipo de cálculo. Otra limitante inherente de los cálculos aplicados es que se basan en datos puntuales, mientras la pandemia sigue cobrando víctimas.

Impacto en las economías nacionales

El argumento de mayor peso en contra de una política de confinamiento es económico, ya que todos los sectores que involucran un alto grado de contacto con el público deben reducir drásticamente sus actividades, especialmente las industrias del turismo, los restaurantes, las tiendas físicas y los servicios personalizados.

A nivel general ya es obvio que el COVID-19 y las políticas para contenerlo han llevado a una crisis económica mundial. Lo que nos interesaría saber aquí es en qué grado las diferencias entre las políticas implementadas en Dinamarca y Suecia se reflejan en el desempeño de sus economías respectivas. Al momento de redactarse este texto, solo se disponía de los datos económicos para el primer trimestre 2020, cuando apenas se manifestaban los primeros efectos de la nueva situación. La variación con respecto al primer trimestre del 2019 fue de -1.9% para Dinamarca y de -0.3% para Suecia. Sin embargo, los pronósticos son que Suecia también sufrirá una contracción del PIB por -6.5% en el 2020, debido tanto a factores internos como a su alto grado de interrelación con los países de la Unión Europea y más allá. Los pronósticos para Dinamarca ubican la caída de su PIB en -10.0%.

Conclusiones

A grandes rasgos, las consecuencias del experimento real presentado en este artículo corresponden a los hallazgos de un gran trabajo epidemiológico realizado por Hsiang y coautores, quienes estimaron que “las políticas anti-contagio evitaron 62 millones de casos confirmados en los seis países de nuestra muestra (China, Corea del Sur, Italia, Irán, Francia, y Estados Unidos) al 6 de abril, 2020”. Es decir que sus resultados apuntan en la misma dirección que el experimento real presentado en este artículo.

La estrategia seguida por el gobierno sueco se basaba en un “cálculo peligroso”, según un alto ejecutivo de la Organización Mundial de Salud. No obstante, al 3 de junio 2020, el virólogo en jefe del gobierno sueco declaró que la política nacional que él había recomendado para combatir la pandemia había funcionado “muy bien”. Mientras tanto, el gobierno sueco estableció una comisión para evaluar su política frente al COVID-19, cuyos resultados se darán a conocer hasta inicios del 2021. Pensamos que los cálculos presentados en este artículo ya son suficientes para zanjar la discusión.

El autor

El Dr. Andreas M. Hartmann es profesor del Departamento de Negocios Internacionales del Campus Monterrey. También forma parte del claustro del Doctorado en Ciencias Administrativas de la EGADE Business School. Es miembro del Grupo de Investigación “Estrategia y Administración de Organizaciones en Economías Emergentes” y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Sus publicaciones se centran en las estrategias de compañías multinacionales y en temas de administración y negociación interculturales. andreas.hartmann@tec.mx